Galán (Iberdrola) ase­gura que es “esencial no perder la con­fianza de los in­ver­so­res”

Sánchez consigue aunar al mundo energético e inversor en contra de su reforma eléctrica

Fitch se une a S&P y ad­vierte de los riesgos del sector ante los com­pe­ti­dores eu­ro­peos

Ignacio S. Galán, pte. de Iberdrola.
Ignacio S. Galán, pte. de Iberdrola.

El Gobierno va a tener muy com­pli­cado llevar a buen puerto la re­forma ener­gé­tica que quiere im­poner a las eléc­tricas por los in­nu­me­ra­bles obs­táculos que se le plan­tean ante Bruselas y los in­ver­sores in­ter­na­cio­na­les. Todas las partes im­pli­cadas se están aliando para im­pedir un cambio tan ra­dical en al­gunos as­pectos que, por un lado, ge­nera con­si­de­ra­bles pér­didas a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Y, por otro, pro­voca una gran in­cer­ti­dumbre re­gu­la­toria para los in­ver­so­res, que ame­nazan con irse de la bolsa es­pañola.

La prioridad del Ejecutivo es que bajen las tarifas aunque sea a golpe de decretazo pero sin tener en cuenta las consecuencias que puede provocar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en el desarrollo de las energías renovables. Iberdrola, la más castigada por las medidas -se estima un impacto de 1.470 millones de euros-, ha anunciado que paralizará algunos de los proyectos licitados, y el resto no descarta que puedan revisar sus planes estratégicos.

Las agencias de calificación S&P y Fitch han alertado de que las medidas del Gobierno “amenazan” la inversión en renovables, generan “desconfianza” entre los inversores y dejan a las compañías eléctricas en una situación de “desventaja competitiva” frente a sus competidores europeos.

Galán pide preservar la estabilidad jurídica

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha defendido en el Foro La Toja 2021 que es “esencial preservar la estabilidad jurídica, no poner en entredicho el modelo europeo y no perder la confianza de los inversores”. En este mismo sentido, ha insistido en la necesidad de abordar la coyuntura de los precios de la energía y los retos de la descarbonización de la economía en clave europea, “con soluciones acordes al marco de la UE y con rigor en el análisis”, ha dicho.

El máximo ejecutivo de la eléctrica ha recordado que los estados miembros de la UE deben cumplir los compromisos y respetar las herramientas europeas. “El Fit for 55 es una ley europea que sólo funcionará si tiene respuesta europea. No la pongamos en entredicho, cuando otros la quieren imitar”, ha señalado.

Frente a los altos precios de la energía, Galán ha defendido mecanismos como el CO2 y su utilidad en estos momentos por parte de los Estados “para promover energías limpias y proteger a vulnerables”. Asimismo, ha vuelto a recordar la necesidad de “limpiar” la tarifa eléctrica y “eliminar” impuestos a la generación y referenciar el precio de la electricidad a bolsas de futuros.

Respecto a Iberdrola, ha destacado el firme compromiso de la compañía con la recuperación verde y el modelo del grupo energético basado en la sostenibilidad medioambiental. “Un modelo más válido hoy que nunca”, ha dicho, y que ha llevado a la empresa a invertir en las dos últimas décadas 120.000 millones de euros en renovables, redes eléctricas y almacenamiento y poner en marcha el mayor plan de inversión de un grupo español, que destinará 75.000 millones de euros a 2025 y 150.000 millones a 2030 para triplicar su capacidad renovable hasta cerca de 100.00 MW al final de esta década.

Un alto riesgo para Sánchez

Los fondos de inversión consideran, por su parte, que la actuación del presidente Pedro Sánchez y el plan de actuación para recortar el recibo de la luz pueden quemarle en las manos, máxime cuando el problema de las tarifas no afecta solamente a España sino también al resto de la Unión Europea. Las agencias de calificación S&P y Fitch han realizado sendos informes muy duros en esta dirección, señalando que España ha sido el único país que ha adoptado una serie de medidas de este tipo cuando el resto ha echado mano de los impuestos y de otras ayudas a consumidores vulnerables.

La reforma genera un recorte de 3.200 millones de euros a las cuatro eléctricas que van contra el Ebitda de las compañías, lo que puede obligar a recortar los dividendos a los accionistas. Para empezar se ha cumplido lo que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, cuando dijo en el Congreso de los Diputados que el sector “no ha mostrado ninguna empatía social y la empatía cotiza en Bolsa”.

El decretazo ha costado a las eléctricas en bolsa del orden de 10.000 millones de euros y ha obligado a muchas casas de análisis a bajar el precio objetivo de las acciones. Goldman Sachs, Bankinter, Renta 4, entre otras, han incidido en que los cambios del Gobierno suponen un torpedo en la línea de flotación del sector en un momento en el que se tiene que transmitir seguridad a los inversores. Iberdrola y Endesa que subieron en Bolsa en 2020 un 38% y un 6,55%, respectivamente, en este año llevan una caída de un 25,78% y un 22%.

La agencia de calificación Fitch ha alertado precisamente de que las medidas del Ejecutivo para intentar bajar el precio de la luz dejan a las empresas eléctricas en una situación de “desventaja competitiva”, frente a sus competidores europeos. Advierte de que las medidas contra los beneficios de las compañías supone un impacto en la “predictibilidad” del marco regulatorio español debido a la “interferencia política”.

“La falta de intervenciones similares en países vecinos empeora el posicionamiento relativo del marco regulatorio español. Las eléctricas españolas se han quedado en una desventaja competitiva en comparación con sus pares europeos”, ha advertido.

Para la agencia, estas medidas son negativas porque “desafían” el diseño del mercado marginalista de la UE, distorsiona la competitividad de las productoras de electricidad españolas y “compromete” la consecución de los objetivos de transición energética del país.

Las advertencias de Fitch se producen después de que Standard and Poor’s (S&P) haya alertado también de que la reforma energética puede paralizar la inversión en renovables. Además de señalar que, en su conjunto, las medidas supondrán un recorte al sector de 3.200 millones de euros en el Ebitda, subraya que este tipo de leyes sientan un “precedente” para futuros periodos de volatilidad de materias primas, por lo que se ha instaurado un “grado de ambigüedad a largo plazo” para el mercado energético español.

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