ANÁLISIS

La reforma tributaria de Sánchez solo busca castigar a las comunidades regidas por el PP

Los con­tri­bu­yentes afec­tados re­siden en las co­mu­ni­dades ricas y aqué­llas donde se su­prima el im­puesto de pa­tri­monio

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Nadie sabe si el nuevo “impuesto de so­li­da­ri­dad” lle­gará a en­trar en vigor o no. Pero por más que se em­peñen el pre­si­dente del Gobierno Pedro Sánchez y sus mi­nis­tros -en es­pe­cial la mi­nistra de Hacienda, María Jesús Montero- en negar que la re­forma fiscal que han anun­ciado venga a re­molque de los anun­cios de los di­ri­gentes del PP de su­primir im­pues­tos, será di­fícil creer­les. La se­cuencia de los he­chos casi lo hace im­po­sible de creer.

La medida principal está pensada para tratar de contrarrestar las iniciativas fiscales del Partido Popular. En concreto el anuncio del Gobierno de crear un "impuesto de solidaridad" para recaudar 1.500 millones de euros anuales de las grandes fortunas.

La medida, como reconocía la ministra de Hacienda en la presentación de la reforma, afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP, como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo en su declaración en aquellas comunidades donde siga vigente el impuesto sobre el patrimonio.

Por eso es importante seguir la secuencia de decisiones para comprender el objetivo que tiene este anuncio precipitado de la nueva propuesta de reforma fiscal, directamente vinculada también con los malos resultados que le vaticinan los sondeos electorales al partido socialista.

Habrá que esperar a la presentación definitiva del proyecto legislativo y la exposición de motivos que lleven al Congreso de los Diputados, PSOE y Unidas Podemos, para intentar comprender el alcance de este precipitado anuncio de reforma fiscal. A día de hoy no hay detrás un cuerpo doctrinal, ni base jurídica, ni los documentos pertinentes que fundamenten la racionalidad de la propuesta presentada a toda prisa el pasado jueves por la responsable de Hacienda, María Jesús Montero.

Contradicciones increíbles

Por lo que afecta a la bajada del IRPF impuestos, conviene recordar que Montero lo ha hecho después de haber negado hasta fechas próximas y en repetidas ocasiones que el PSOE bajaría impuestos. Para hacer más incomprensible desde el punto de vista técnico, y no electoral, el anuncio de su mini reforma fiscal, ésta se ha producido después de que el último líder autonómico en anunciar una rebaja de impuestos fuera el presidente socialista de la Comunidad Valenciana.

Ximo Puig, el martes de la pasada semana avanzó, durante el debate del estado de la Comunidad, las nuevas tarifas autonómica del IRPF, con nuevos tramos para adaptarse a la situación actual de inflación, además de otras rebajas y beneficios fiscales que afectarán a las rentas inferiores a 60.000 euros. Se estima que los beneficiados serán más del 90 % de los contribuyentes de la Comunidad que están por debajo de esos ingresos anuales.

Llama la atención también que justamente sea la propuesta de rebaja fiscal del presidente valenciano la que vaya a tener un mayor coste para las arcas públicas, por los ingresos que dejarán de obtenerse. La principal crítica de los socialistas a las propuestas populares es que cualquier recorte supone una rebaja de la protección social de los ciudadanos más necesitados.

En el ejercicio pasado, el IRPF fue la primera fuente de ingresos para el Estado, incluso por delante del IVA, lo que hace que las medidas que se adoptan teniendo en cuenta como base principal este impuesto, como es el caso de la Comunidad Valenciana, sean las de mayor alcance en el recorte de ingresos. Esto está claro, aunque Puig haya insistido en las últimas horas en distanciarse de cualquier parecido de su reforma a la propuesta por los populares con recortes de impuestos.

Aumento de deducciones

El anuncio de Puig supone un aumento de las deducciones para un mayor porcentaje de población valenciana exenta de pagar el tramo autonómico del IRPF por tener ingresos bajos, así como una rebaja progresiva del pago de IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros.

En concreto, la reforma anunciada desde Valencia afecta al impuesto más generalizado y afectará a más personas, porque se dirige a los cuatro primeros tramos del IRPF y amplia el de los exentos de pagarlo.

Si hasta ahora las variaciones en las tarifas autonómicas no eran significativas porque afectaba a un porcentaje escaso de la población, en el caso de la Comunidad Valenciana se estima que podrán beneficiarse de las mismas la mayoría de los ciudadanos. Lo hace además con carácter retroactivo, porque entran en vigor desde el 1 de enero de este año. Más del 90 % de la población está dentro de los tramos concernidos.

Lógico sacar la conclusión de que se trata de una medida electoral. Justamente será la declaración de impuestos de este año la que habrá que estar rellenando en los formularios de Hacienda coincidiendo con las fechas de las elecciones autonómicas y locales del próximo año.

Las fechas electorales son malas compañeras para tomar decisiones de este calado y hace difícil que las mismas puedan perdurar en el tiempo. La situación ha llegado a ser tan caótica que la pasada semana, hasta en dos ocasiones distintas, el expresidente del Gobierno Felipe González, se ha visto obligado a mediar en este debate. González pide abordar seriamente una reforma fiscal, tras criticar la competencia que se está produciendo entre las diversas comunidades autónomas, lo que considera "una carrera hacia no sé dónde".

El consenso de expertos independientes habla de propuesta improvisada, confusa, incompleta e ineficaz. Todos defendemos una política fiscal que garantice la justicia social como defiende el Gobierno.

Pero esto no se puede hacer con un proyecto pensado a última hora para salvar la cara al Gobierno que estaba viendo como hasta las Comunidades gobernadas por el PSOE querían salirse de la imposición decidida en Moncloa de no bajar impuestos sin mayor argumento que el de que no es el momento y no es lo que nos piden los organismos internacionales.

Impuesto desconocido por ahora

Quizás tenga razón la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, cuando dice que quiere ver en qué consiste el impuesto de solidaridad, un impuesto pensado para los dos próximos ejercicios para las grandes fortunas, porque según Ayuso, muchas veces el Ejecutivo reviste con palabras bien sonantes su vacío de ideas.

Cuesta creer además que esta reforma vaya a servir para recaudar de forma progresista, ni que vaya a estimular la economía, ni que vaya a paliar el encarecimiento de la vida, problemas a los que nos venimos enfrentando los españoles en nuestro día a día desde hace meses y para los que el Gobierno no ha encontrado paliativo.

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