El precio de salida será de poco más de 100 millones de euros, pero el Gobierno espera recaudar un mínimo de 140 millones en una subasta con componentes distintos a las anteriores. Sobre todo, porque todo parece indicar que el proceso se puede encarecer. La razón es que esta banda es muy indicada para usos industriales, lo que abre la puerta a la participación de grupos industriales que desean desarrollar sus propias redes.
No es la mejor noticia para las operadoras de telecomunicaciones dominantes, que ven como grupos relacionados con los gestores de torres de telefonía van a jugar fuerte. Las grandes no entienden las prisas del Gobierno, porque creen que no hay demanda suficiente de este tipo de infraestructura, pero todo hace indicar que no van a levantar la voz en exceso. Tienen buenas razones para ser discretos.
Mientras sectores estratégicos como el financiero o el energético han sido cercados por el Gobierno con impuestos especiales que en el caso de la banca supondría 3.000 millones de euros en dos años, el de las 'telecos' ha recibido un trato más amable. Ahí está la rebaja del 15% sobre el precio de salida de la subasta de 2021 o la ayuda recibida por la vía del 'Kit Digital' financiado por los fondos europeos.
Mal menor en el 5G
Con estas cartas sobre la mesa, las 'telecos' se resignan al mal menor que supone la celebración de la subasta, muy probablemente el mes de diciembre. De momento, el Gobierno debe abrir un período de consulta pública -arrancaría el próximo 27 de octubre- antes de dar el pistoletazo de salida a la puja que cerrará el círculo de las adjudicaciones de espectro radioeléctrico después de las de 2018 y 2021, que las grandes del sector consideran más que suficientes para dar hoy por hoy un buen servicio.
Desde el sector entienden que, a pesar de los inconvenientes que plantea su ejecución en 2022, la subasta 5G no es la gran batalla a corto y medio plazo. En un escenario de fuerte debilidad económica y de márgenes muy ajustados para las compañías que operan en el mercado español, todos los ojos están puestos en la posibilidad de que Bruselas presione a los denominados 'Gafas' para financiar parte de las redes de telecomunicaciones. Y en este punto cualquier apoyo político es poco.
La Unión Europea prevé lanzar una consulta sobre el asunto en el arranque de 2023 que ha disparado las expectativas de las operadoras. De momento, Nadia Calviño se ha puesto de su lado reclamando "igualdad de condiciones" en el sector. Un gesto aplaudido por las 'telecos', que no quieren que la subasta 5G interfiera en las relaciones con el Gobierno en un momento sencillamente decisivo para su futuro.