Urge 'cerrar' las con­di­ciones a la banca para pró­ximas lí­neas de avales

El Tribunal de Cuentas estrecha el cerco sobre el ICO y le insta a mejorar sus controles

Recuerda la prohi­bi­ción de con­di­cionar las ope­ra­ciones “a la asun­ción por el cliente de algún otro ser­vicio o pro­ducto”

ICO
ICO

No ha de­bido ‘caer’ muy bien en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el úl­timo in­forme del Tribunal de Cuentas sobre las lí­neas de avales apro­badas por el Gobierno para hacer frente al im­pacto de la pan­demia de Covid-19. La imagen que se des­prende de las de­fi­cien­cias en­con­tradas y de las re­co­men­da­ciones que re­cibe del má­ximo ór­gano censor de las cuentas pú­blicas es­pañolas no es, pre­ci­sa­mente, ni alen­ta­dora ni si­quiera adap­tada a los tiem­pos; lo que em­paña y mucho el es­fuerzo gestor de la en­ti­dad.

Tras analizar las 960.764 operaciones que el ICO realizó en 2020, el informe del Tribunal que preside Enriqueta Chicano concluye con varias recomendaciones que, al menos formalmente, no dejan muy bien parado al banco público presidido por José Carlos García de Quevedo, tanto en su funcionamiento interno, como en la operativa “para la gestión de la concesión de futuros avales”.

La cuestión es que la inspección ha desenterrado muchos y variados ‘esqueletos’ que, dado el volumen de transacciones gestionado por la institución financiera pública no desmerecen el esfuerzo interno y las ‘tareas duplicadas’ que han tenido que afrontar en este tiempo.

El Tribunal de Cuentas recomienda, pues, al ICO mejorar sus “sistemas de control y seguimiento informático de las operaciones autorizadas” y que elabore de forma automatizada las propuestas de operaciones para evitar “diferencias entre los datos de los certificados” del Comité de Operaciones del banco y los de su plataforma informática y facilitar, así, “la identificación inequívoca de las operaciones aprobadas y las que deberían serlo”.

Es llamativa la recomendación que el Tribunal de Cuentas hace al ICO al que dice que “debería prever en los contratos con las entidades financieras mecanismos exigentes para conseguir que éstas cumplan las obligaciones que asuman en los contratos marco que se puedan celebrar (…) para la comercialización de estas futuras líneas de avales”. Y, en concreto, “el traslado del beneficio del aval en las condiciones de las operaciones celebradas y la prohibición de condicionar las operaciones a la asunción por el cliente de algún otro servicio o producto”.

El informe recoge las alegaciones que el propio Instituto de Crédito Oficial realiza al señalar que “ha informado sobre la obligación en su página web y ha publicado noticias informativas sobre la misma en Banc@ico”. Además, el banco asegura haber incorporado, “en las primeras adendas a los contratos con las entidades financieras por la que se habilitaron nuevos tramos de avales de las Líneas Liquidez e Inversión y en los propios contratos marco de la Línea Arrendamiento, una cláusula general en la que instaba (…) a no condicionar la concesión de estas líneas a la comercialización de otros productos”.

Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas esto no es suficiente, habida cuenta de las quejas, reclamaciones y consultas que ha recibido al respecto todo tipo de instituciones. El informe subraya que “las medidas de control descritas no han impedido que se produjese un número relevante de quejas y reclamaciones de los clientes sobre el cumplimiento de las obligaciones analizadas”. Entre ellas las recibidas por el Servicio de Atención al Cliente del ICO: “1.301 quejas por escrito, 10.290 peticiones de información por escrito y 38.897 llamadas solicitando información en relación con las líneas de avales fiscalizadas”. Los principales motivos de estas quejas y reclamaciones fueron “los elevados tipos de interés aplicados a las operaciones, la exigencia de garantías adicionales a los avales, la retención total o parcial del préstamo para pagar otras operaciones, la exigencia de contratación de productos adicionales para realizar la operación y la dificultad o tardanza en el desembolso de los fondos después de haber firmado las operaciones”.

Pero no solo el ICO recibió quejas. El Bando de España, continúa el Informe del Tribunal de Cuentas, “recibió 4.030 consultas telefónicas, 282 consultas escritas y 151 reclamaciones relacionadas con las operaciones de concesión de créditos avalados por las líneas ICO COVID-19, de las que 32 se referían a particulares por la Línea Arrendamiento”.

Incluso la CNMC habilitó un buzón electrónico para atender consultas y denuncias sobre “conductas anticompetitivas en los mercados en relación con las medidas adoptadas por el COVID-19”. En el caso de las líneas de avales ICO COVID-19, “abrió un expediente sancionador contra cuatro entidades bancarias por posibles prácticas restrictivas de la competencia que, en el momento de finalización de los trabajos de esta fiscalización, se encontraba en fase de instrucción”, concluye el informe.

Llamativas deficiencias

En lo que se refiere al funcionamiento interno, el tribunal fiscalizador del gasto público reclama que el ICO cree una “Oficina de Seguridad informática que dependa de presidencia de la institución y que coordine toda la seguridad del ICO, de forma que se refuerce la separación de la ejecución de las medidas técnicas y de la coordinación”. Junto a ello, le insta a que facilite el acceso de los ciudadanos a información referente a las funciones del ICO y ofrezca los datos “en formatos accesibles y tratables de manera automatizada, así como la inclusión de la fecha de actualización de la información contenida en el portal de transparencia”.

El Tribunal de Cuentas reconoce que, para gestionar los avales, el ICO adaptó una aplicación genérica que ya utilizaba, denominada Banc@ico. Pese a la actualización realizada, la aplicación parece manifiestamente mejorable tanto por su escasa ’usabilidad’ (no se adapta a la resolución de la pantalla, carece de descripción de los controles, no indica el idioma, no tiene cabeceras descriptivas…) y tampoco asegura la coherencia de los datos tratados a través de ella. Por ejemplo, entre otras deficiencias de funcionamiento, el informe señala que “no se han implantado validaciones que garanticen la calidad y coherencia de los datos, de modo que, para un mismo NIF, cifras como los gastos de establecimiento y la facturación son, en ocasiones, heterogéneas y variadas en diferentes operaciones”

Y añade que los problemas de dicha aplicación hacen “que existan campos que admiten valores heterogéneos o que pueden dar lugar a equívocos (…), todo ello en perjuicio de la calidad de los datos contenidos en Banc@ico”.

En las Líneas de avales ‘Liquidez' e ‘Inversión’, el Tribunal de Cuentas ha hallado “incongruencias y errores” en la clasificación del tipo de cliente “PYME o no PYME, como empresas o autónomo, como sociedades anónimas o limitadas, etc.”; errores en la fecha de constitución o inicio de la actividad de las empresas o autónomos; ha encontrado valores “cero y negativos de los fondos propios, del activo o de la facturación de las empresas” o, incluso, incongruencias en el número de empleados, y sobre los datos de las inversiones a realizar para cuya financiación solicitaba el aval del ICO.

En la línea más ‘social’ de los avales, la Línea ‘Arrendamiento’, el Tribunal de Cuentas se ha encontrado con “incongruencias y errores en los datos” como que la fecha de fin del contrato de arrendamiento era anterior a la fecha del préstamo y otras en las que el contrato de alquiler era superior a diez años; “entre ellas, ocho operaciones con vencimiento del arrendamiento en 2099, otra en 2100 y otra en 2050”.

Uno de los campos específicos de la Línea Arrendamiento incluía la referencia catastral del inmueble arrendado para evitar que un mismo inmueble recibiera más de una ayuda. Pues la inspección ha detectado 267 operaciones en las que “la referencia catastral del inmueble arrendado no contenía 20 caracteres o presentaba formatos incompatibles con una referencia catastral”. “Estas referencias catastrales incongruentes -insiste el Tribunal de Cuentas- fueron trasladadas en estos expedientes por las entidades financieras a Banc@ico, sin que la aplicación haya puesto de manifiesto el error, lo que resta eficacia a la validación establecida”.

En el caso de los avales a empresas, el informe reconoce que aunque, la documentación obligatoria para cada operación estaba disponible, “no se había adjuntado a Banc@ico ninguna otra documentación relevante de las operaciones avaladas, lo que dificulta las revisiones sistemáticas de las mismas, ya que obliga a solicitar a las entidades financieras incluso la documentación e información más básicas de cada una de ellas (como, por ejemplo, el contrato de crédito con el correspondiente aval de cada una de las operaciones)”.

En esa misma línea, el Tribunal de Cuentas ha encontrado fallos en el control específico de las operaciones de importe superior a 50 millones de euros en las líneas de avales ‘Liquidez’ e ‘Inversión’. Y señala que el IC no tiene automatizado el proceso de elaboración de las propuestas y que los certificados de aprobación de las operaciones no incluyen referencias que permitan una identificación inequívoca de esas mismas operaciones en Banc@ico”.

En otro tipo de operaciones, algunas de ellas, de menor cuantía, los fallos detectados son de bulto. El informe del Tribunal de Cuentas es lapidario: “Se han detectado otros datos de las operaciones fiscalizadas que carecen de sentido económico y se pueden deber a errores en la grabación de las operaciones. Estos errores pueden originar problemas legales en caso de resultar fallido el crédito y necesaria la ejecución del aval, ya que podrían no estar adecuadamente reflejados los importes de las operaciones”. Junto a ello hay casos en los que estos errores “ podrían dar lugar a problemas en el control de las ayudas de Estado, ya que los datos de Banc@ico, con los errores e incongruencias que se han detectado, fueron los que se remitieron a la BDNS” (Base de Datos Nacional de Subvenciones). De hecho, la inspección se ha encontrado con “diez operaciones de renovaciones del crédito, de diez empresas no PYME” en las que el porcentaje de aval “era del 70% del crédito (pese a que no debería exceder del 60 %)”.

Artículos relacionados