Supone un salto cua­li­ta­tivo en el sis­tema con­cursal es­pañol y su­pera los mí­nimos fi­jados por Europa

La reforma de la Ley Concursal levanta ampollas entre expertos

El en­du­re­ci­miento de los re­qui­sitos para la se­gunda opor­tu­ni­dad, prin­cipal queja

Conociendo tus derechos.: La insolvencia y el concurso de acreedores
Insolvencia y concurso de acreedores.

Al final nada es lo que pa­rece y un cambio no tiene porque sig­ni­fica una me­jora. La re­forma de la ley con­cursal re­cien­te­mente en­trada en vi­gor, pese a contar con unos ob­je­tivos muy am­bi­cio­sos, plantea al­gunos re­celos entre los co­lec­tivos afec­ta­dos. Genera es­pe­cial preo­cu­pa­ción entre los co­le­gios de abo­gados y las aso­cia­ciones de ad­mi­nis­tra­dores con­cur­sales que ob­servan al­gunos pe­li­gros si no se ponen todos los me­dios per­so­nales y ma­te­riales ne­ce­sa­rios para su co­rrecto cum­pli­miento.

La reforma tiene por objeto principal la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de la Unión Europea 1023/2019 sobre reestructuración e insolvencia. Si bien llega con cierta demora debido tanto a la pandemia como a los ajustes de gran calado exigidos por Europa, lo cierto es que en ella se ha profundizado y se ha pretendido ir mucho más allá de los objetivos solicitados por la Directiva.

La propuesta realizada por los ministerios de Justicia y Economía de la reforma que acaba de arrancar plantea un radical cambio del modelo. Supondrá así un salto cualitativo en el sistema concursal español superando ampliamente los mínimos fijados por Europa, destinados exclusivamente a la insolvencia de empresas y empresarios.

Cuatro grandes pilares en la reforma

Esta Directiva se asentaba en cuatro grandes pilares: dar prioridad a los acuerdos de reestructuración frente a los procedimientos judiciales, disponer de medios ágiles para descargar trabajo a los tribunales, profesionalizar los llamados auxiliares a los tribunales (economistas, auditores, abogados...) y la imposición de un modelo común europeo de segunda oportunidad.

Sobre estos cuatro ejes fundamentales se ha articulado la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal con el fin de corregir deficiencias anteriores. Aun así, sigue generando algunas dudas. Algunas de ellas hacen referencia a la función del Experto en Reestructuración; una figura novedosa, pero con un perfil ambiguo que puede traer algunos quebraderos de cabeza.

Respectos a otros aspectos, como la segunda oportunidad, el nuevo marco legal se presenta bastante más severo. Los créditos a condonar se reducen y, según los expertos, el derecho de defensa podría verse debilitado. “La reforma endurece la “posibilidad de acceder a la segunda oportunidad, impidiendo la exoneración del crédito público”, señalan los juristas, “salvo en una cantidad simbólica”.

Por otro lado, la ley relaciona aspectos que generan “dificultad e incertidumbre” ante el endurecimiento de los requisitos para apreciar la buena fe del deudor que pretenda acceder a este mecanismo, así como la “ampliación del listado de los créditos” que no podrán disponer de dicho beneficio.

A ello se une un papel más débil por parte de la intervención del administrador concursal. No obstante, los derechos tanto del deudor, como el de los acreedores e incluso socios, queda mejor protegido. En este sentido, cabe esperar que la reforma sirva para corregir algunas prácticas del pasado cuanto menos irregulares.

Tapar agujeros negros de la antigua Ley Concursal

Mediante la antigua Ley Concursal, recuerdan los especialistas, se habrían producido casos como por ejemplo el de Gestesa Desarrollos Urbano. Empresa en concurso desde el año 2013 y condenada en noviembre de 2021 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por fraude y abuso del derecho debido a irregularidades empresariales en la negociación de un ERTE; alegando, sin justificar, una situación coyuntural o transitoria de falta de ingresos.

Algo “chirriante” cuando parte importante de la gestión de sus propios activos es derivada hacia otra sociedad. Todo ello con el ánimo de suspender, de nuevo, los contratos laborales con sus empleados sin cumplir los procedimientos legales.

De esta forma, la sociedad en concurso mantiene la explotación de importantes activos en propiedad, cediendo la gestión de los mismos a otras empresas relacionadas directamente con el administrador de la concursada. Estas perciben las subvenciones de los fondos europeos por la explotación de dichos activos sin que el propietario real vea ni un euro de todo ese dinero público. Un claro ejemplo de mala fe, con el consiguiente perjuicio tanto para sus acreedores como para sus trabajadores.

Un agujero que no queda claro que la reforma de la ley vaya corregir, según los expertos en concursos. En este sentido, los juristas recuerdan que la ley ya recogía que las sociedades en situación de cumplimiento de convenio concursal deben computar todos los ingresos que se reciban por los distintos cauces para el pago de sus obligaciones concursales, pero que dejaba algunos flecos sin tapar.

Un lado oscuro que hasta ahora han estado explotando algunos despachos de abogados con la creación de entramados empresariales destinados a inclinar la balanza de la ley a su favor. En cualquier caso, para ver si este caso u otros similares se corrigen habrá que esperar las decisiones de empresas insolventes en los próximos meses.

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