A juicio de los manifestantes, organizados por el sindicato de regantes del trasvase Tajo–Segura, este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de casi 6.000 millones de euros del PIB de las regiones afectadas y las condenan a un fuerte recorte de su producción agraria.
Polémico recorte trasvase Tajo–Segura
Se da la paradoja de que además algunos de esos territorios son llamados “la huerta de Europa” y aparte de dar de comer frutas y verduras a media España llegan a exportar hasta el 70% de su producción, dándose también el caso de que alguna de estas regiones, como es el caso de Murcia, es considerada un modelo en los sistemas de aprovechamiento del agua y sus agricultores son considerados pioneros de numerosas iniciativas de este tipo en todo el mundo.
Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en estas regiones una gota de agua es mucho más eficiente que en cualquier otro lugar de España y el trasvase que ahora se prepara puede comprometer más de 100.000 empleos, el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas, y añaden que esta industria agroalimentaria aporta 3.000 millones al PIB nacional.
Este trasvase Tajo–Segura viene planificado desde la política renegeradora de Joaquín Costa y sus seguidores, pero realmente arrancó en 1979 con un acueducto de 292 kilómetros que conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las del Guadiana y el Júcar, utilizando el embalse de Alarcón de tránsito. Transporta las aguas de la cabecera del Tajo, previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Desde que comenzó ha permitido regar los cultivos de Alicante, Murcia y Almería y la consolidación de un potente sector agroalimentario, además de garantizar un suministro urbano en varias de las regiones más turísticas de España, lo que no es ninguna tontería habida cuenta del peso del sector servicios dentro del PIB nacional.
Pertinaz sequía
El trasvase Tajo–Segura es probablemente la mayor obra de la ingeniería hidráulica española y desde hace ya muchos años una disputa permanente entre los territorios que ceden el agua, en este caso Castilla–La Mancha, y los que la reciben. Sin duda se trata de una infraestructura que ha dado una gran prosperidad y riqueza a las regiones que beneficia, que son la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, pero la "pertinaz sequía", ha terminado por afectar muy seriamente al caudal del río Tajo, que por cierto compartimos con Portugal, y ahora mismo hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que reclaman la fijación de un caudal ecológico mínimo para mantenerlo en mejores condiciones y es lo que el Gobierno está planificando.
Gran parte del entramado jurídico utilizado proviene de Bruselas y como además estamos hablando de mantra del cambio climático, pues todo encaja a la perfección. Los ecologistas, en su línea habitual, no han tardado ni un minuto en posicionarse mayoritariamente contra mantener el trasvase en sus actuales términos.
Caudal ecológico
El objeto central del debate es cuál debe ser la cantidad de agua de ese caudal ecológico. Y según la legislación europea, el caudal ecológico es el agua que hay que dejar en un río como mínimo para que pueda mantenerse en buen estado. Según los cálculos que hace el Gobierno en los últimos 30 años las aportaciones de agua en la cabecera del Tajo se han reducido en torno a un 40% y las previsiones indican que la situación se agravará en los próximos años, lo que a juicio del Ejecutivo, hace imprescindible llegar a ese caudal ecológico en el plazo que se están marcando. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra del ramo, se ha defendido de las protestas asegurando que la propuesta de Real Decreto de Planificación Hidrológica 2022-2027 que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado para su valoración es el que fue respaldado por la mayoría de regiones en el Consejo Nacional del Agua. Esta propuesta es la de ampliar el caudal ecológico de manera gradual mientras se da tiempo a acometer inversiones de hasta 8.000 millones sin tener que depender de si llueve o no en la cabecera del Tajo.
Diferencia de precios
Además de otras medidas de saneamiento, limpieza, etc., el programa gubernamental se centra sobre todo en ampliar la capacidad de desalación, lo que no convence a los agricultores de Levante. Este agua desalada se subvenciona a 32 céntimos el metro cúbico, si bien los regantes señalan que una vez se le suma el IVA, el peaje por el transporte y la inflación sube hasta los 45 céntimos, una cifra muy cara si se compara con el agua del trasvase, que es mucho más barata al costar unos 13 céntimos.
Ribera también quiso recordar que la sequía les ha afectado a todos, y que su predecesora del PP, Isabel García Tejerina, también cortó, pero de forma radical, el trasvase desde junio de 2017 a marzo de 2018, exactamente dijo "0 hectómetros cúbicos" porque no había llovido y era "imposible" trasvasar al Segura. Sin embargo, el recorte del trasvase anunciado vuelve a disparar el conflicto entre regiones en la llamada "guerra del agua", en un año electoral que incluye desde generales, se supone que a finales de 2023, hasta elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo en gran parte del país, lo que ya está poniendo de los nervios a la clase política.
Políticos de todos los colores
De hecho, entre los asistentes a la manifestación de Madrid había prácticamente una representacion de casi todos los partidos, ya que se encontraban los alcaldes socialistas de Lorca, Murcia y Águilas o las consejeras de Agricultura de Valencia y Andalucía, así como una representación de la Generalitat valenciana, que dirige el también socialista Ximo Puig, además de representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, entre ellos su líder Santiago Abascal. Una mezcla realmente heterogénea y que debería servir para que empezasen a ponerse de acuerdo.
La cuestión es que van pasando los años y a este problema del agua apenas se le van poniendo parches, reconocen todos los expertos consultados. Después de una larga sequía comienzan las lluvias, cosa que ha pasado y ha paralizado en más de una ocasión todos los planes de urgencia, hasta las decisiones cortoplacistas de los politcios sobre la materia y el hecho de estar generalmente supeditadas a otras cuestiones de calado político, que cotizan siempre en contra de realizar una política hidráulica seria y a largo plazo.
Hasta en dos ocasiones se han paralizado planes hidrológicos por los cambios de gobierno. Primero el PP de Aznar dejó recién aterrizado en la cuneta los proyectos del entonces ministro socialista Borrell, que incluían un ambicioso programa de trasvases de cuencas, heredero de los reneneracionistas de principios de siglo, argumentando que había que elevar el consenso y hacer un libro blanco, esas cosas que se dicen cuando no se sabe qué hacer o no se quiere hacer.
Y luego, cuando ellos redactaron algo más o menos similar, que incluía el trasvase del Ebro previsto en su Plan Hidrológico Nacional, la imprevista victoria de Zapatero sobre Rajoy dio con todo al traste otra vez, claudicando ante la Esquerra Republicana liderada en aquel momento por Carod-Rovira, para poder llegar a gobernar. Puede que esta fuera la primera concesión del PSOE a los nacionalistas.
Desaladoras
Fue entonces cuando el gobierno socialista decidió apostar por la construcción de numerosas desaladoras en el Levante y así se hizo aunque con costes muy disparados que trajeron algunos procesos que todavía colean, como el famoso caso Acuamed que sigue en los tribunales de justicia.
Este cambio de política de Zapatero abandonando el programa de trasvases de cuencas sorprendió a todo el mundo menos a los siempre entregados pero también pragmáticos constructores españoles. Dos de los más importantes me respondieron entonces a una pregunta de la misma forma, asegurando que sus planes estaban centrados en los proyectos hidrológicos pero que si el Gobierno cambiaba de criterio y les pedía construir desaladoras en ese momento, pues se pondrían inmediatamente con ello, pero que estaban seguros que más adelante habría que hacer el programa de trasvase de cuentas que proponía el extinto Plan Hidrológico Nacional, ya que la desalación era a todas luces insuficiente y su utilidad se centra en la costa y en las islas. Es más, su respuesta concreta fue: “Tendremos obras ahora, las desaladoras, y luego los trasvases de cuencas, que habrá que hacer sí o sí, de manera que no nos faltará trabajo”. Y esto no lo decía cualquiera, como ya he dicho eran probablemente los presidentes de las dos mayores constructoras nacionales en esos años.
Ya lo hemos dicho alguna vez desde esta tribuna, cuántos años hace que hablamos de sequía en España, de embalses vacíos, de cortes de agua, de incendios, de un proceso de desertización que parece imparable. Y la solución, o una buena parte de ella, no parace demasiado complicada, aunque haya que trabajar mucho. En una parte de España desde siempre ha sobrado el agua y se tira ya que además no se sabe explotar por no ser necesario, y en otra parte del país falta agua y se hacen virguerías con ella.
Falta de una idea común
Los expertos hace años que consideran imprescindible elevar los almacenamientos y sobre todo efectuar trasvases de cuencas hidrográficas, que existen en muchos países con más agua que el nuestro, por ejemplo Francia, que tiene interconectadas todas sus cuencas. Sin embargo, la configuración autonómica de España ha impedido la construcción de estas infraestructuras hasta el momento, a veces con mucha virulencia y siempre desde la insolidaridad y la falta de una idea común que persiste y no parece tener un final próximo.
Por si todo esto fuera poco, el cambio climático se ha convertido en la actualidad en centro de todo y empiezan a surgir voces, obviamente interesadas y generalmente entre determinadas organizaciones ecologistas o pseudocientíficas, que cuestionan los trasvases de cuencas como una solución al problema del agua en España.
Es indudable que se necesita un acuerdo de todas las regiones y su generosidad, entender que todos dependemos de nuestros vecinos y que con ellos se debe construir el futuro. Es necesario un mismo discurso del agua en toda España, un gran Pacto de Estado del Agua que aborde todas las soluciones posibles, con la interconexión de todas las cuencas que garantice la prosperidad económica y la seberanía energética de nuestro país y que dé oportunidades de futuro a todos.
En España hay agua suficiente, dicen los expertos, lo que hay que hacer es distribuirla bien. Y por supuesto mucha más planificación y pensar en el medio y largo plazo, no solo en lo inmediato que hace ganar elecciones y que lamentablemente va a ser lo que se imponga este año que empieza.